La recuperación de la memoria histórica es un trabajo que se está desarrollando de una forma desigual. Existen localidades y regiones en las que asociaciones locales o iniciativas colectivas han logrado recuperar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo y mantener vivo el recuerdo de lo que ocurrió para que las generaciones más jóvenes conozcan su pasado más próximo y desarrollen un pensamiento crítico. En cambio, en otras zonas este trabajo o no se ha iniciado, o se ha trabajado tímidamente.

El estudio de la Guerra Civil y el Franquismo en la comarca de Borja es una tarea pendiente, pues si bien en la memoria popular las historias personales se siguen transmitiendo oralmente, falta un análisis más detallado, con datos y documentos y con una profunda reflexión sobre lo que ocurrió en la zona del Partido Judicial de Borja a partir de aquel 18 de julio de 1936. Sirvan estas líneas que siguen para comenzar a conocer esa historia que todavía esta por contar.

Tras el triunfo del golpe militar en la capital aragonesa, en las localidades orientales de Aragón los su insurgentes toparon con una fuerte resistencia obrera. A pesar de contar con pocas armas, y en parte gracias a la ayuda de las milicias catalanas, en algunos lugares se logró contener los intentos de secundar el movimiento insurgente. De esta forma, mientras en la zona que permaneció leal al régimen republicano se abrieron las “puertas de la revolución” en la zona occidental los militares impusieron un férreo control social para evitar reacciones contrarias al movimiento. El triunfo de la sublevación militar fue acompañado de una profunda transformación social, político y económica en la retaguardia insurgente.

En el Partido Judicial de Borja los consistorios fueron depurados. En las primeras semanas de guerra los alcaldes y concejales socialistas o que pertenecieran a algún partido republicano de izquierda fueron cesados de sus cargos y perseguidos. En algunos casos fueron encarcelados en depósitos municipales y en las prisiones de Partido de Borja y de Tarazona y, en ocasiones, fueron ejecutados en descampados, cunetas o en las tapias de algunos cementerios. Entre las primeras víctimas, se encuentra el alcalde de Pozuelo de Aragón Isidro Gracia Salvador, ejecutado el 19 de agosto de 1936, el alcalde de Trasobares, Bernardino Mediel Gil, asesinado el 12 de septiembre, el alcalde de Borja, Baltasar González Ferrández, ejecutado el 18 de septiembre en la carretera de Tierga y el alcalde de Magallón Mariano Gracia Sánchez, fusilado junto con cuatro personas más el 5 de octubre y los alcaldes de Fuendejalón Adolfo Cuartero y el de Novillas Adolfo Marquina Vicente[1]. La lista de miembros de las corporaciones municipales que perdieron la vida se prolonga considerablemente al añadir los nombres de los concejales y de los funcionarios de los ayuntamientos, como Daniel Cabrejas Pérez (de Mallén), Julio Garballo Martín (de Gallur), Miguel Diago Borja (de Borja), Melquiades Mañas (de Bisimbre), Donato Arcega Gil (de Fuendejalón) o Ignacio Benedí, Mariano Coscolla e Ignacio Sanz (de Boquiñeni)[2].

Otro de los colectivos que fueron perseguidos por los insurgentes fueron los maestros. Éstos fueron considerados como los “responsables directos de la incubación y propagación de las corrientes marxistas entre la juventud” y de haber hecho caso omiso de las prácticas religiosas. Tachados en muchos casos de haber generado la situación de inmoralidad en la que, según la propaganda insurgente, estaba inmersa la sociedad española desde la proclamación de la República, no tardaron en ser señalados y castigados. Algunos fueron depurados y cesados en sus cargos. Otros, fueron detenidos y, en el peor de los casos, fueron fusilados. En el Partido Judicial de Borja fueron ejecutados los maestros de Borja (Joaquín García Lardiés), Agón (Ricardo Cañizares Vicente), Fuendejalón (Rudesindo), Novillas (Restituto Herrero Cubillos)[3].

Además de alcaldes, concejales y maestros, en al Partido de Judicial de Borja la profilaxis social llevada a cabo por las fuerzas sublevadas afectó a los principales líderes sindicales y políticos. Dos de los casos más significativos son los de María Domínguez y Luis Palacios. María Domínguez Remón nació el 1 de abril de 1882 en la localidad de Pozuelo de Aragón. De origen humilde, fue una mujer a la que le encantaba leer y quien no tardó en acercarse a lecturas de Koprotkin, Clara Campoamor o a las obras de Blasco Ibáñez. Su pasión por la lectura y por la política le llevaron a colaborar asidamente con algunos medios de prensa republicanos, como el republicano Ideario de Aragón, para el cual en ocasiones escribía pequeños artículos. Con los años su pensamiento político evolucionó. Sin abandonar su fe en el ideario republicano, María comenzó a estudiar la doctrina socialistas. Cuando se proclamó la II República le pidieron que redactara un texto para que fuera leída ante el público. María Domínguez  accedió y redactó unas cuartillas que, según el corresponsal de Vida Nueva, comenzaba con las palabras “Paz, Justicia y Libertad”.

Durante 1932 María Domínguez dio diversas conferencias en diversas localidades la provincia de Zaragoza y Huesca para transmitir al público asistente el proyecto del nuevo ejecutivo republicano-socialista y el deseo del régimen republicano de dar voz y voto a la mujer. El 28 de julio de 1932 fue nombrada por el gobernador civil alcaldesa de Gallur (la primera en la Historia de España), cargo que ocupó hasta febrero de 1933. Su participación en la vida política regional y su compromiso con el ideario republicano fueron dos causas determinantes que provocaron el 7 de septiembre de 1936 María Domínguez fuera detenida en Pozuelo de Aragón y, posteriormente, fuera trasladada hasta Fuendejalón, donde fue ejecutada[4].

 Luis Palacios Ibáñez, natural de Mallén, descendía de una familia humilde. Desde muy joven había sentido una gran pasión por la lectura. Impulsado por el deseo de conseguir la igualdad social, no tardó en involucrarse en temas políticos. Luis Palacios fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Mallén y ha sido considerado como uno de los principales líderes de la UGT de dicha localidad, llegando a ocupar la presidencia entre enero de 1932 y marzo de 1933. Fue miembro de la FNTT provincial y en febrero de 1936  fue candidato a Cortes, aunque el triunfo acabó en manos de Eduardo Castillo. Comprometido con sus creencias políticas, no dudó en participar en la huelga revolucionaria que se desató en la Villa de Mallén de octubre de 1934. Durante los sucesos, Luis Palacios participó en el control del pueblo y en el asedio a la casa cuartel de la Guardia Civil. El fracaso de la huelga se saldó con una dura represión que llevaron a Luis Palacios a la Prisión Provincial de Zaragoza. Durante casi dos años permaneció encarcelado, hasta que en febrero de 1936, después de la promulgación de una amplia amnistía, fue liberado junto con varios vecinos más de Mallén. Al estallar el “Alzamiento” militar del 18 de julio de 1936, Luis Palacios y Daniel Pérez (otro destacado socialista de la localidad) huyeron y se escondieron en la casa del Guarda del canal de Lodosa. Dos días más tarde, decidieron volver a Mallén, pensando que no les pasaría nada pues ellos no habían cometido delito alguno. A principios de agosto, la guardia civil fue a la casa de Luis, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron. El 6 de ese mismo mes, fue asesinado en un descampado en el término de Luceni[5].

La lista de ejecutados se completa con las decenas de militantes o simpatizantes de las fuerzas políticas y sindicales de izquierda. Cualquier persona que hubiera colaborado con algunas de los sindicatos o partidos políticos que formasen parte del Frente Popular fueron considerados como sospechosos de desafección y, por lo tanto, susceptibles de ser depurados. Los insurgentes, en su deseo de limpiar su retaguardia de opositores, llevó a cabo un minucioso proceso de profilaxis social que contó con la colaboración de los adictos al “Alzamiento”. Es decir, la depuración social se realizó con la ayuda de las acusaciones que realizaron las “gentes de orden”, que no dudaron en señalar a las personas que durante el periodo republicano hubiera participado en huelgas, protestas o en los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934.

La colaboración ciudadana, unida a la documentación e informes emitidos por la Guardia Civil y a la documentación incautada por los sublevados en las sedes locales de los partidos políticos y sindicatos de izquierda fueron vitales a la hora de localizar al los sospechosos de desafección. En las primeras semanas de guerra fueron detenidos numerosos vecinos del Partido Judicial de Borja. Algunos, permanecieron varios días en los depósitos municipales para, posteriormente, ser liberados o transferidos a otras prisiones de partido o a la Prisión Provincial de Zaragoza. Entre las personas que pasaron por la cárcel de Torrero encontramos a Inocencio García San Martín, vecino de Borja; el cartero de Mallén Antonio Royo Galindo, que fue sacado y ejecutado el 28 de octubre de 1936; al vecino de Gallur Maximino Ibáñez Vergara; a Francisca Olivan Oliver, enfermera y vecina de Gallur que fue sacada y ejecutada en las tapias del cementerio de Torrero el 17 de diciembre de 1936 o a Baltasar Val Salvador, industrial y vecino de Magallón que fue sacado de la Prisión Provincial y fusilado en Zaragoza el 26 de octubre de 1936.

En otras ocasiones, los detenidos no eran ingresados en ningún centro de internamiento y se les aplicaba lo que comúnmente se ha denominado como el “paseillo”. Como afirman Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, en los días inmediatos del golpe militar el ritmo cotidiano de los pueblos fue roto por las continuas detenciones y ejecuciones que se realizaban sin proceso legal alguno por las milicias derechistas (Falange, Acción Ciudadana, Requetés), la Guardia Civil y elementos militares. A veces, estos contingentes armados procedían de otras localidades y actuaban a “instancias de la llamada y de los dictámenes del cacique o de los grupos de presión local”. En muchas ocasiones las detenciones y ejecuciones eran producto de viejas rencillas personales. Algunos vecinos, como constatan Maluenda y Cifuentes, se sumaban a las fuerzas adictas a la sublevación para librarse de sus adversarios y solventar, definitivamente, litigios o resentimientos personales[6]. Aunque esa violencia espontánea fue poco a poco dando paso a una estrategia de profilaxis social más metódica y controlada para eliminar del tejido social a los elementos peligrosos para la imposición de un nuevo orden.

En el Partido Judicial de Borja, de acuerdo a las cifras reflejadas en El pasado oculto, durante el periodo de guerra fueron asesinadas 301 personas. Los pueblos en los que se ejerció una mayor represión fueron Gallur, Mallén, Boquiñeni y Magallón. Sin embargo, hay que ser cauteloso a la hora de manejar los datos aportados en ese estudio. Las cifras corresponden a los hombres y mujeres que fueron ejecutados en los diversos pueblos que componían el partido judicial y cuya defunción fue anotada en el registro civil. Por lo tanto, en ocasiones puede ocurrir que la cifra de fallecidos de en una localidad no se corresponda con el número de vecinos que murieron en la espiral de violencia desplegada por los insurgentes en el verano y otoño de 1936. El caso más evidente es el de la localidad de Mallén. Según los datos expuestos en El Pasado Oculto, en ésta localidad fallecieron 43 personas. Sin embargo, después de realizar un exhaustivo estudio de diversas fuentes y estudios, se ha podido constatar que durante el periodo de guerra al menos 72 vecinos fueron ejecutados. En la documentación consta cómo algunos malleneros fueron asesinados en su localidad, mientras que otros fueron ejecutados en campos cercanos (como el de Carasol, en el término de Fréscano), montes (en Luceni), algunos fueron sacados de la Prisión Provincial de Zaragoza tras varias semanas de encierro y, en ocasiones, fueron trasladados desde Mallén hasta cementerios de localidades cercanas, como Magallón. De hecho, en ésta última localidad se ha descubierto recientemente una fosa común con varios cuerpos[7]. Y es que hasta el camposanto de esta localidad fueron trasladados numerosos vecinos de localidades próximas.

[1] CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela, CIFUENTES, Julita, MALUENDA, Mª Pilar, SALOMÓN, Mª Pilar, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Mira Editores, Zaragoza, 2001, nota 30, p. 111.

[2] Los nombres de los concejales ejecutados en los primeros meses de guerra están recogidos en el estudio de CIFUENTES CHUECA, Julita y MALUENDA PONS, Pilar, El asalto a la República. los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), IFC, Zaragoza, 1995, pp. 203-204.

[3] CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela, CIFUENTES, Julita, MALUENDA, Mª Pilar, SALOMÓN, Mª Pilar, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Mira Editores, Zaragoza, 2001, nota 32, p. 113.

[4] BERNAD, Enrique (Coord), República y republicanos. Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia, PSOE, Zaragoza, 2003, pp. 155-159.

[5] BERNAD, Enrique (Coord), República y republicanos…, pp. 161-163.

[6] CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela, CIFUENTES, Julita, MALUENDA, Mª Pilar, SALOMÓN, Mª Pilar, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Mira Editores, Zaragoza, 2001, nota 32, pp. 101 y ss.

[7] El trabajo desarrollado en los últimos años por AFAAEM ha sido esencial para recuperar los cuerpos enterrados en la fosa de Magallón y la memoria de aquellos hombres y mujeres que fueron ejecutados en esta localidad.