Hace 85 años, después de un fallido golpe de Estado promovido por una facción del ejército, dio comienzo la Guerra Civil española. A lo largo de la calurosa mañana de aquel sábado 18 de julio de 1936, los rumores acerca del estallido de un movimiento militar desde  las posesiones españolas del norte de África se confirmaron. El gobernador civil de Zaragoza, Ángel Vera Coronel, permaneció muy atento a lo que pudiera ocurrir acordando con las fuerzas vivas de la ciudad y los altos mandos militares permanecer fieles a la República. A lo largo de aquel día, decenas de obreros se acercaron hasta el edificio del gobernador exigiéndole que le proporcionasen armas para evitar que en Zaragoza triunfase el movimiento militar. Vera Coronel, siguiendo las directrices del gobierno central desestimó las peticiones de los dirigentes izquierdistas. 

Mientras la noche caía, la tensión en las calles de Zaragoza fue incrementándose poco a poco. Los rumores sobre la posible adhesión al movimiento militar del General Cabanellas junto con algunos oficiales de Zaragoza recorrieron rápidamente los diferentes cuarteles militares. A las once de la noche, Primo García Lanaspe, sargento del Regimiento de Carros de Combate número dos, mantuvo una conversación con el sargento Manuel Borraz Hijar, que se encontraba de guardia en el garaje del cuartel. Lanaspe comunicó a Borraz “que una parte de los oficiales del Regimiento se habían sublevado y que como él no estaba dispuesto a secúndales” requería su auxilio para conseguir munición. Borraz asintió y le proporcionó alrededor de 150 cartuchos. Posteriormente, Lanaspe informó a  los soldados de su compañía de la situación y repartió municiones entre sus hombres, haciéndoles dormir vestidos y “con el mosquetón al lado”. Mientras tanto, Borraz se reunió con los dos cabos y ocho soldados que conformaban la guardia del cuartel aquella noche para comunicarles que “la oficialidad pensaba levantase y que ellos debían oponerse y que si se presentaban los oficiales para sacar los carros” debían arrestar al responsable de la sección que se presentara para interrogarlo. 

A pesar de la prevención de estos soldados, a las tres de la madrugada “se volvió al turno normal” y los militares que se habían declarado contrarios al movimiento militar, fueron detenidos y encarcelados en el Castillo de la Aljafería.

Una hora antes, algunas fuerzas del Ejército se posicionaron en los alrededores del gobierno civil. Posteriormente, el General Cabanellas reclamó la comparecencia del Gobernador, ÁngelVera coronel, quien desde un primer instante se negó a comparecer ante los militares. A las 3:15 de la madrugada, el Comandante-Jefe de Seguridad y Asalto, Mazo, acompañado del Comandante de la Guardia Civil, Julián Lasierra y de otros oficiales del Ejercito y de asalto se personaron en el domicilio de Vera Coronel. Momentos más tarde, el gobernador civil fue detenido y conducido a la prisión provincial en compañía de su secretario particular, José María Alarcón.

Mientras varios altos mandos del Ejercito, Guardia Civil y Guardia de Asalto daban su golpe y detenían al máximo representante político del gobierno republicano en la provincia de Zaragoza, en la Prisión Provincial se produjo otra escena que pone de manifiesto el carácter político y depurativo con que se inició el movimiento rebelde. Sobre las tres y media de la madrugada, la autoridad militar había trasladado una orden para que fueran puestos en libertad varias decenas de falangistas detenidos en los días anteriores al 18 de julio, noticia que acogieron los presos con exaltados vítores. 

Mientras los falangistas eran liberados, decenas de personas fueron encarceladas por ser simpatizantes o afiliados de los partidos que en enero de 1936 se aglutinaron en el llamado “Frente Popular”. A la mañana siguiente, Ángel Vera Coronel y José María Alarcón fueron encarcelado. Y durante los días siguientes, decenas de hombres y mujeres fueron perseguidos y detenidos por estar afiliados, simpatizar o colaborar con las organizaciones políticas de izquierda. Al mismo tiempo, en la retaguardia insurgente empezó a fraguarse y ejecutarse una intensa depuración social que desembocaría en ese verano que Julián Casanova denominó del terror caliente, sucediéndose decenas de ejecuciones en descampados, cunetas y tapias de cementerios.