La calle de la memoria

Hace 85 años, después de un fallido golpe de Estado promovido por una facción del ejército, dio comienzo la Guerra Civil española. A lo largo de la calurosa mañana de aquel sábado 18 de julio de 1936, los rumores acerca del estallido de un movimiento militar desde  las posesiones españolas del norte de África se confirmaron. El gobernador civil de Zaragoza, Ángel Vera Coronel, permaneció muy atento a lo que pudiera ocurrir acordando con las fuerzas vivas de la ciudad y los altos mandos militares permanecer fieles a la República. A lo largo de aquel día, decenas de obreros se acercaron hasta el edificio del gobernador exigiéndole que le proporcionasen armas para evitar que en Zaragoza triunfase el movimiento militar. Vera Coronel, siguiendo las directrices del gobierno central desestimó las peticiones de los dirigentes izquierdistas. 

Mientras la noche caía, la tensión en las calles de Zaragoza fue incrementándose poco a poco. Los rumores sobre la posible adhesión al movimiento militar del General Cabanellas junto con algunos oficiales de Zaragoza recorrieron rápidamente los diferentes cuarteles militares. A las once de la noche, Primo García Lanaspe, sargento del Regimiento de Carros de Combate número dos, mantuvo una conversación con el sargento Manuel Borraz Hijar, que se encontraba de guardia en el garaje del cuartel. Lanaspe comunicó a Borraz “que una parte de los oficiales del Regimiento se habían sublevado y que como él no estaba dispuesto a secúndales” requería su auxilio para conseguir munición. Borraz asintió y le proporcionó alrededor de 150 cartuchos. Posteriormente, Lanaspe informó a  los soldados de su compañía de la situación y repartió municiones entre sus hombres, haciéndoles dormir vestidos y “con el mosquetón al lado”. Mientras tanto, Borraz se reunió con los dos cabos y ocho soldados que conformaban la guardia del cuartel aquella noche para comunicarles que “la oficialidad pensaba levantase y que ellos debían oponerse y que si se presentaban los oficiales para sacar los carros” debían arrestar al responsable de la sección que se presentara para interrogarlo. 

A pesar de la prevención de estos soldados, a las tres de la madrugada “se volvió al turno normal” y los militares que se habían declarado contrarios al movimiento militar, fueron detenidos y encarcelados en el Castillo de la Aljafería.

Una hora antes, algunas fuerzas del Ejército se posicionaron en los alrededores del gobierno civil. Posteriormente, el General Cabanellas reclamó la comparecencia del Gobernador, ÁngelVera coronel, quien desde un primer instante se negó a comparecer ante los militares. A las 3:15 de la madrugada, el Comandante-Jefe de Seguridad y Asalto, Mazo, acompañado del Comandante de la Guardia Civil, Julián Lasierra y de otros oficiales del Ejercito y de asalto se personaron en el domicilio de Vera Coronel. Momentos más tarde, el gobernador civil fue detenido y conducido a la prisión provincial en compañía de su secretario particular, José María Alarcón.

Mientras varios altos mandos del Ejercito, Guardia Civil y Guardia de Asalto daban su golpe y detenían al máximo representante político del gobierno republicano en la provincia de Zaragoza, en la Prisión Provincial se produjo otra escena que pone de manifiesto el carácter político y depurativo con que se inició el movimiento rebelde. Sobre las tres y media de la madrugada, la autoridad militar había trasladado una orden para que fueran puestos en libertad varias decenas de falangistas detenidos en los días anteriores al 18 de julio, noticia que acogieron los presos con exaltados vítores. 

Mientras los falangistas eran liberados, decenas de personas fueron encarceladas por ser simpatizantes o afiliados de los partidos que en enero de 1936 se aglutinaron en el llamado “Frente Popular”. A la mañana siguiente, Ángel Vera Coronel y José María Alarcón fueron encarcelado. Y durante los días siguientes, decenas de hombres y mujeres fueron perseguidos y detenidos por estar afiliados, simpatizar o colaborar con las organizaciones políticas de izquierda. Al mismo tiempo, en la retaguardia insurgente empezó a fraguarse y ejecutarse una intensa depuración social que desembocaría en ese verano que Julián Casanova denominó del terror caliente, sucediéndose decenas de ejecuciones en descampados, cunetas y tapias de cementerios.

La cárcel de Torrero (©Iván Heredia Urzáiz).

Esta semana ha salido la propuesta que algunas asociaciones, incluida AV Venecia, El Cantero y ARMHA para declarar al Barrio de Torrero como Lugar de Memoria. La propuesta, de la que tengo noticias desde hace unos meses, era bastante completa e incluía diferentes hechos que justificasen que esta solicitud. Sin duda, este barrio tiene una larga historia repleta de sucesos de gran transcendencia histórica y social. La propuesta, que tiene todo mi apoyo y de la que habría que resaltar el trabajo y esfuerzo realizado por las asociaciones, incluye que se reconozca como Lugares de Memoria los restos de la tapia del Cementerio de Torrero donde durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista se ejecutaron a cientos de personas, muchos de ellos y ellas habían estado encarcelados antes de ser ejecutados. Asimismo, en este listado de lugares se incluye a la Prisión Provincial de Zaragoza, popularmente conocida como cárcel de Torrero.

Recuerdo haber defendido la idea de considerar la Carcel de Torrero como Lugar de Memoria en muchas ocasiones. No siempre fue bien recibida, y entiendo el contexto y las justificaciones, pero al ver esta noticia, la idea de que salga adelante me confirma que se ha avanzado mucho en este aspecto. Por otro lado, me ha venido a la mente una parte de un breve texto que escribí para prepararme una ponencia y que nunca he publicado. En él defendía la necesidad de garantizar la conservación de Lugares de Memoria, como el edificio administrativo que queda en pie de la antigua cárcel de Torrero, justificando su importancia histórica.

Dicho esto, confío en que la propuesta salga adelante y sea un espaldarazo para reivindicar la historia del barrio de Torrero, se puedan crear rutas de memoria para dar a conocer su historia y poner en valor las historias de lucha y resistencia de los que poblaron habitual o temporalmente sus calles y edificios.

La recuperación de la memoria histórica es un trabajo que se está desarrollando de una forma desigual. Existen localidades y regiones en las que asociaciones locales o iniciativas colectivas han logrado recuperar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo y mantener vivo el recuerdo de lo que ocurrió para que las generaciones más jóvenes conozcan su pasado más próximo y desarrollen un pensamiento crítico. En cambio, en otras zonas este trabajo o no se ha iniciado, o se ha trabajado tímidamente.

El estudio de la Guerra Civil y el Franquismo en la comarca de Borja es una tarea pendiente, pues si bien en la memoria popular las historias personales se siguen transmitiendo oralmente, falta un análisis más detallado, con datos y documentos y con una profunda reflexión sobre lo que ocurrió en la zona del Partido Judicial de Borja a partir de aquel 18 de julio de 1936. Sirvan estas líneas que siguen para comenzar a conocer esa historia que todavía esta por contar.

Tras el triunfo del golpe militar en la capital aragonesa, en las localidades orientales de Aragón los su insurgentes toparon con una fuerte resistencia obrera. A pesar de contar con pocas armas, y en parte gracias a la ayuda de las milicias catalanas, en algunos lugares se logró contener los intentos de secundar el movimiento insurgente. De esta forma, mientras en la zona que permaneció leal al régimen republicano se abrieron las “puertas de la revolución” en la zona occidental los militares impusieron un férreo control social para evitar reacciones contrarias al movimiento. El triunfo de la sublevación militar fue acompañado de una profunda transformación social, político y económica en la retaguardia insurgente.

En el Partido Judicial de Borja los consistorios fueron depurados. En las primeras semanas de guerra los alcaldes y concejales socialistas o que pertenecieran a algún partido republicano de izquierda fueron cesados de sus cargos y perseguidos. En algunos casos fueron encarcelados en depósitos municipales y en las prisiones de Partido de Borja y de Tarazona y, en ocasiones, fueron ejecutados en descampados, cunetas o en las tapias de algunos cementerios. Entre las primeras víctimas, se encuentra el alcalde de Pozuelo de Aragón Isidro Gracia Salvador, ejecutado el 19 de agosto de 1936, el alcalde de Trasobares, Bernardino Mediel Gil, asesinado el 12 de septiembre, el alcalde de Borja, Baltasar González Ferrández, ejecutado el 18 de septiembre en la carretera de Tierga y el alcalde de Magallón Mariano Gracia Sánchez, fusilado junto con cuatro personas más el 5 de octubre y los alcaldes de Fuendejalón Adolfo Cuartero y el de Novillas Adolfo Marquina Vicente[1]. La lista de miembros de las corporaciones municipales que perdieron la vida se prolonga considerablemente al añadir los nombres de los concejales y de los funcionarios de los ayuntamientos, como Daniel Cabrejas Pérez (de Mallén), Julio Garballo Martín (de Gallur), Miguel Diago Borja (de Borja), Melquiades Mañas (de Bisimbre), Donato Arcega Gil (de Fuendejalón) o Ignacio Benedí, Mariano Coscolla e Ignacio Sanz (de Boquiñeni)[2].

Otro de los colectivos que fueron perseguidos por los insurgentes fueron los maestros. Éstos fueron considerados como los “responsables directos de la incubación y propagación de las corrientes marxistas entre la juventud” y de haber hecho caso omiso de las prácticas religiosas. Tachados en muchos casos de haber generado la situación de inmoralidad en la que, según la propaganda insurgente, estaba inmersa la sociedad española desde la proclamación de la República, no tardaron en ser señalados y castigados. Algunos fueron depurados y cesados en sus cargos. Otros, fueron detenidos y, en el peor de los casos, fueron fusilados. En el Partido Judicial de Borja fueron ejecutados los maestros de Borja (Joaquín García Lardiés), Agón (Ricardo Cañizares Vicente), Fuendejalón (Rudesindo), Novillas (Restituto Herrero Cubillos)[3].

Además de alcaldes, concejales y maestros, en al Partido de Judicial de Borja la profilaxis social llevada a cabo por las fuerzas sublevadas afectó a los principales líderes sindicales y políticos. Dos de los casos más significativos son los de María Domínguez y Luis Palacios. María Domínguez Remón nació el 1 de abril de 1882 en la localidad de Pozuelo de Aragón. De origen humilde, fue una mujer a la que le encantaba leer y quien no tardó en acercarse a lecturas de Koprotkin, Clara Campoamor o a las obras de Blasco Ibáñez. Su pasión por la lectura y por la política le llevaron a colaborar asidamente con algunos medios de prensa republicanos, como el republicano Ideario de Aragón, para el cual en ocasiones escribía pequeños artículos. Con los años su pensamiento político evolucionó. Sin abandonar su fe en el ideario republicano, María comenzó a estudiar la doctrina socialistas. Cuando se proclamó la II República le pidieron que redactara un texto para que fuera leída ante el público. María Domínguez  accedió y redactó unas cuartillas que, según el corresponsal de Vida Nueva, comenzaba con las palabras “Paz, Justicia y Libertad”.

Durante 1932 María Domínguez dio diversas conferencias en diversas localidades la provincia de Zaragoza y Huesca para transmitir al público asistente el proyecto del nuevo ejecutivo republicano-socialista y el deseo del régimen republicano de dar voz y voto a la mujer. El 28 de julio de 1932 fue nombrada por el gobernador civil alcaldesa de Gallur (la primera en la Historia de España), cargo que ocupó hasta febrero de 1933. Su participación en la vida política regional y su compromiso con el ideario republicano fueron dos causas determinantes que provocaron el 7 de septiembre de 1936 María Domínguez fuera detenida en Pozuelo de Aragón y, posteriormente, fuera trasladada hasta Fuendejalón, donde fue ejecutada[4].

 Luis Palacios Ibáñez, natural de Mallén, descendía de una familia humilde. Desde muy joven había sentido una gran pasión por la lectura. Impulsado por el deseo de conseguir la igualdad social, no tardó en involucrarse en temas políticos. Luis Palacios fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Mallén y ha sido considerado como uno de los principales líderes de la UGT de dicha localidad, llegando a ocupar la presidencia entre enero de 1932 y marzo de 1933. Fue miembro de la FNTT provincial y en febrero de 1936  fue candidato a Cortes, aunque el triunfo acabó en manos de Eduardo Castillo. Comprometido con sus creencias políticas, no dudó en participar en la huelga revolucionaria que se desató en la Villa de Mallén de octubre de 1934. Durante los sucesos, Luis Palacios participó en el control del pueblo y en el asedio a la casa cuartel de la Guardia Civil. El fracaso de la huelga se saldó con una dura represión que llevaron a Luis Palacios a la Prisión Provincial de Zaragoza. Durante casi dos años permaneció encarcelado, hasta que en febrero de 1936, después de la promulgación de una amplia amnistía, fue liberado junto con varios vecinos más de Mallén. Al estallar el “Alzamiento” militar del 18 de julio de 1936, Luis Palacios y Daniel Pérez (otro destacado socialista de la localidad) huyeron y se escondieron en la casa del Guarda del canal de Lodosa. Dos días más tarde, decidieron volver a Mallén, pensando que no les pasaría nada pues ellos no habían cometido delito alguno. A principios de agosto, la guardia civil fue a la casa de Luis, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron. El 6 de ese mismo mes, fue asesinado en un descampado en el término de Luceni[5].

La lista de ejecutados se completa con las decenas de militantes o simpatizantes de las fuerzas políticas y sindicales de izquierda. Cualquier persona que hubiera colaborado con algunas de los sindicatos o partidos políticos que formasen parte del Frente Popular fueron considerados como sospechosos de desafección y, por lo tanto, susceptibles de ser depurados. Los insurgentes, en su deseo de limpiar su retaguardia de opositores, llevó a cabo un minucioso proceso de profilaxis social que contó con la colaboración de los adictos al “Alzamiento”. Es decir, la depuración social se realizó con la ayuda de las acusaciones que realizaron las “gentes de orden”, que no dudaron en señalar a las personas que durante el periodo republicano hubiera participado en huelgas, protestas o en los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934.

La colaboración ciudadana, unida a la documentación e informes emitidos por la Guardia Civil y a la documentación incautada por los sublevados en las sedes locales de los partidos políticos y sindicatos de izquierda fueron vitales a la hora de localizar al los sospechosos de desafección. En las primeras semanas de guerra fueron detenidos numerosos vecinos del Partido Judicial de Borja. Algunos, permanecieron varios días en los depósitos municipales para, posteriormente, ser liberados o transferidos a otras prisiones de partido o a la Prisión Provincial de Zaragoza. Entre las personas que pasaron por la cárcel de Torrero encontramos a Inocencio García San Martín, vecino de Borja; el cartero de Mallén Antonio Royo Galindo, que fue sacado y ejecutado el 28 de octubre de 1936; al vecino de Gallur Maximino Ibáñez Vergara; a Francisca Olivan Oliver, enfermera y vecina de Gallur que fue sacada y ejecutada en las tapias del cementerio de Torrero el 17 de diciembre de 1936 o a Baltasar Val Salvador, industrial y vecino de Magallón que fue sacado de la Prisión Provincial y fusilado en Zaragoza el 26 de octubre de 1936.

En otras ocasiones, los detenidos no eran ingresados en ningún centro de internamiento y se les aplicaba lo que comúnmente se ha denominado como el “paseillo”. Como afirman Julita Cifuentes y Pilar Maluenda, en los días inmediatos del golpe militar el ritmo cotidiano de los pueblos fue roto por las continuas detenciones y ejecuciones que se realizaban sin proceso legal alguno por las milicias derechistas (Falange, Acción Ciudadana, Requetés), la Guardia Civil y elementos militares. A veces, estos contingentes armados procedían de otras localidades y actuaban a “instancias de la llamada y de los dictámenes del cacique o de los grupos de presión local”. En muchas ocasiones las detenciones y ejecuciones eran producto de viejas rencillas personales. Algunos vecinos, como constatan Maluenda y Cifuentes, se sumaban a las fuerzas adictas a la sublevación para librarse de sus adversarios y solventar, definitivamente, litigios o resentimientos personales[6]. Aunque esa violencia espontánea fue poco a poco dando paso a una estrategia de profilaxis social más metódica y controlada para eliminar del tejido social a los elementos peligrosos para la imposición de un nuevo orden.

En el Partido Judicial de Borja, de acuerdo a las cifras reflejadas en El pasado oculto, durante el periodo de guerra fueron asesinadas 301 personas. Los pueblos en los que se ejerció una mayor represión fueron Gallur, Mallén, Boquiñeni y Magallón. Sin embargo, hay que ser cauteloso a la hora de manejar los datos aportados en ese estudio. Las cifras corresponden a los hombres y mujeres que fueron ejecutados en los diversos pueblos que componían el partido judicial y cuya defunción fue anotada en el registro civil. Por lo tanto, en ocasiones puede ocurrir que la cifra de fallecidos de en una localidad no se corresponda con el número de vecinos que murieron en la espiral de violencia desplegada por los insurgentes en el verano y otoño de 1936. El caso más evidente es el de la localidad de Mallén. Según los datos expuestos en El Pasado Oculto, en ésta localidad fallecieron 43 personas. Sin embargo, después de realizar un exhaustivo estudio de diversas fuentes y estudios, se ha podido constatar que durante el periodo de guerra al menos 72 vecinos fueron ejecutados. En la documentación consta cómo algunos malleneros fueron asesinados en su localidad, mientras que otros fueron ejecutados en campos cercanos (como el de Carasol, en el término de Fréscano), montes (en Luceni), algunos fueron sacados de la Prisión Provincial de Zaragoza tras varias semanas de encierro y, en ocasiones, fueron trasladados desde Mallén hasta cementerios de localidades cercanas, como Magallón. De hecho, en ésta última localidad se ha descubierto recientemente una fosa común con varios cuerpos[7]. Y es que hasta el camposanto de esta localidad fueron trasladados numerosos vecinos de localidades próximas.

[1] CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela, CIFUENTES, Julita, MALUENDA, Mª Pilar, SALOMÓN, Mª Pilar, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Mira Editores, Zaragoza, 2001, nota 30, p. 111.

[2] Los nombres de los concejales ejecutados en los primeros meses de guerra están recogidos en el estudio de CIFUENTES CHUECA, Julita y MALUENDA PONS, Pilar, El asalto a la República. los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), IFC, Zaragoza, 1995, pp. 203-204.

[3] CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela, CIFUENTES, Julita, MALUENDA, Mª Pilar, SALOMÓN, Mª Pilar, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Mira Editores, Zaragoza, 2001, nota 32, p. 113.

[4] BERNAD, Enrique (Coord), República y republicanos. Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia, PSOE, Zaragoza, 2003, pp. 155-159.

[5] BERNAD, Enrique (Coord), República y republicanos…, pp. 161-163.

[6] CASANOVA, Julián, CENARRO, Ángela, CIFUENTES, Julita, MALUENDA, Mª Pilar, SALOMÓN, Mª Pilar, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Mira Editores, Zaragoza, 2001, nota 32, pp. 101 y ss.

[7] El trabajo desarrollado en los últimos años por AFAAEM ha sido esencial para recuperar los cuerpos enterrados en la fosa de Magallón y la memoria de aquellos hombres y mujeres que fueron ejecutados en esta localidad.

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Cada año una parte de nuestra sociedad recuerda la proclamación de la Segunda República 14 de abril de 1931. Muchas páginas se han escrito sobre estos eventos en las grandes ciudades y localidades de nuestra geografía. No son tan comunes los relatos de lo sucedido en los entornos rurales. Recupero una breve publicación que realicé hace ya unos años para recordar cómo se celebró el 14 de abril en la Villa de Mallén y adjunto el documento sobre el que se basa el siguiente relato: el libro de actas del Ayuntamiento de Mallén.

La proclamación de la Segunda República

El 12 de abril de 1931 miles de personas de toda España estaban llamadas a las urnas, el destino del país estaba en sus manos. Las esperanzas e ilusiones de miles de personas estaban puestas en esas papeletas que decidirían al futuro de España. Una gran parte de las clases bajas, conformadas básicamente por obreros industriales y de la construcción junto con jornaleros, braceros, pequeños propietarios y campesinos esperaban que de esas elecciones saliera un nuevo gobierno progresista y democrático, un nuevo ejecutivo que instaurase las reformas económicas y sociales que liberasen a un alto porcentaje de la población española de las garras de la pobreza. Y en esas reformas se basó el programa de la coalición republicano socialista. La reforma agraria, junto con la amnistía a los presos políticos eran los temas fundamentales de la campaña electoral de las izquierdas, una campaña de sensibilización y concienciación colectiva que les llevó a la victoria.

El 14 de abril se comenzaron a conocer los resultados de las elecciones que daban como vencedores a la coalición republicano-socialista. La noticia corrió como la pólvora. En todas las grandes ciudades y pueblos de España comenzaron las expresiones públicas de una sociedad que demandaba cambios. Por toda la geografía española no tardaron en surgir manifestaciones espontáneas para celebrar la llegada de la II República.

La proclamación de la II República en Mallén

Fue esa misma tarde del 14 de abril, cuando las calles del pueblo de Mallén se concentró una multitud, entre la cual estaban los principales dirigentes de UGT y PSOE, para mostrar su alegría ante el advenimiento del nuevo régimen republicano. Después de recorrer diferentes calles de la población, llegaron a la plaza del ayuntamiento. Algunos vecinos entraron en el ayuntamiento, “en forma correcta y pacífica,” y notificaron al secretario del ayuntamiento, Manuel Alejandre Roy, que eran los once concejales proclamados por el famoso artículo 29 de la Ley electoral y que se personaban ante él para posesionarse de los cargos, “tomando por su cuenta la responsabilidad del gobierno de la localidad”. De esta forma, se conformó el primer Ayuntamiento republicano formado y presidido por Manuel Ibáñez Ezpeleta, y junto a él fueron elegidos personajes tan importantes dentro del movimiento sindical local como Luís Palacios Ibáñez (1er. Teniente) o Santos Chagoyen López, entre otros.

Nada más tomar posesión de sus cargos, el nuevo ejecutivo local “acordó retirar de las dependencias municipales todos los retratos y atributos de la Monarquía caída, y que se dirija la palabra al pueblo con la referida proclamación, ordenando se disolviese la manifestación en completo orden, guardándolo en lo sucesivo para las personas y las cosas, con el debido respeto en todos los actos que se promuevan”. Así comenzó una de las etapas más importantes y desconocidas de la historia de Mallén.

Acta de la sesión del Ayuntamiento deldía 14 de abril de1931

En la villa de Mallén a catorce de abril de mil novecientos treinta y uno, a la hora de las siete de la tarde, estando en su despacho el secretario del ayuntamiento Don Manuel C. Alejandre Roy, se presentaron espontáneamente, en forma correcta y pacífica, los vecinos de la localidad expresados al margen y después de manifestar que eran los once concejales proclamados por el artículo 29 de la Ley Electoral con motivo de las elecciones que estaban anunciadas para el día 12 de los corrientes dijeron: Que venían del término de una manifestación popular iniciada por el Pueblo por la proclamación de la República en España y terminando el mandato del Ayuntamiento que hasta hoy ha venido actuando, por el nuevo Régimen, iban a posesionarse de los cargos de la referida corporación, tomando por su cuenta la responsabilidad del gobierno de lalocalidad.

Dicho lo expresado acordaron quedar a la asignación de cargos y unificación entre todos la votación correspondiente dio el siguiente resultado:

Don Manuel Ibáñez Ezpeleta. Alcalde Don Luís Palacios Ibáñez. 1er. Teniente.

Don Ignacio Vela Cembrano. 2º Teniente Don Félix Cabrejas. Regidor primero Don José Roncal Ruiz. Segundo regidor.

Don Pascual Asín Cembrano. Tercero regidor.

Don Santos Chagoyen López. Cuarto regidor Don Domingo Ezpeleta García. Quinto regidor.

Don Tomás Navarro Asín. Sexto regidor.

Don Julián Gómez Cabrejas. Séptimo regidor.

Don Vicente Lapuerta Navarro. Octavo regidor.

Hecha la anterior asignación quedó constituido el Ayuntamiento Provisional de la República, en la forma indicada y seguidamente el Sr. Alcalde Presidente, dijo: Quedar proclamada en ésta villa la República Española.

Se acordó retirar de las dependencias municipales todos los retratos y atributos de la Monarquía caída, y que se dirija la palabra al pueblo con la referida proclamación, ordenando se disolviese la manifestación en completo orden, guardándolo en lo sucesivo para las personas y las cosas, con el debido respeto en todos los actos que se promuevan.

Se acuerda la publicación de un bando manifiesto con motivo de los acontecimientos en el sentido expresado en el párrafo anterior.

Sin más incidentes ni asuntos de que tratar se levantó la sesión, declarándose suscrita por todos los señores concejales que suscriben la presente acta de la que yo el secretario de la corporación doy fe y certifico. [firmas]

La Prisión Habilitada de Predicadores (1939-1954) fue el primer recinto penitenciario destinado para el encierro femenino en la ciudad de Zaragoza. Hasta hace poco tiempo había una cierta confusión a la hora de identificar los espacios de encierro femeninos en Zaragoza durante la Guerra Civil y el periodo conocido como el Primer Franquismo. Hay quien señalaba que la Prisión de Mujeres de Zaragoza siempre había sido la vieja cárcel de Predicadores. Lo cierto es que Zaragoza nunca tuvo una cárcel dedicada en exclusiva al encierro de mujeres hasta abril de 1939.

Las cárceles de Zaragoza

Antes de que se inaugurase la popularmente conocida como cárcel de Torrero (1928), la Prisión Provincial de Zaragoza se localizaba en el viejo caserón de los Villahermosa, en la calle Predicadores. A partir de 1928 la población reclusa, hombres y mujeres, fueron recluidos en la nueva prisión erigida en el barrio de Torrero. En este espacio se construyó un pabellón destinado al encierro femenino, compuesto por una sala de aglomeración, las cuatro celdas, el comedor, la cocina, el cuarto de baño, la enfermería y la pequeña terraza, donde sólo daba el sol durante las horas centrales del día. En la II República sabemos que en este espacio llegó a haber hasta 10 presas, cifra que las autoridades de la cárcel consideraban que era elevado para las dimensiones del local.

Al iniciarse la Guerra Civil española (18 de julio de 1936), la cárcel de Torrero fue el espacio donde fueron recluidos y confinados tanto los hombres y mujeres que empezaron a ser detenidos y encarcelados en esa campaña de profilaxis social que llevaron a cabo los sublevados y que tenía una doble finalidad: depurar a la sociedad española y eliminar del tejido social a todas las personas que pudieran poner en peligro sus planes. Durante toda la guerra miles de personas fueron recluidas en la cárcel de Torrero, hombres y mujeres. En los meses finales del conflicto, el hacinamiento fue tan grave, que las autoridades penitenciarias tuvieron que trazar un plan para habilitar nuevos espacios de encierro. El primero de los diferentes espacios que se crearon para encerrar a las cientos de presos y presas que llegaban cada semana a Zaragoza se conocería como la Prisión Habilitada de Predicadores.

El traslado de las presas.

El 1 de abril de 1939 Franco firmó el último parte de guerra. Las operaciones bélicas se daban por finalizadas en todo el territorio español. No obstante, el Estado de Guerra continuó vigente. Y vigente siguió el esfuerzo llevado a cabo por los sublevados, ahora vencedores de la guerra, para llevar a cabo una intensa depuración social que, con precisión quirúrgica, pretendía detectar, perseguir y castigar cualquier conato de disidencia política.

A la sombra de aquel «nuevo amanecer» de España se encontraban miles de mujeres que permanecían encarceladas en centros de confinamiento de muy diversa naturaleza, privadas de su bien más preciado, la libertad. En esos días la población recluida en el departamento de mujeres de la Prisión Provincial de Zaragoza se había incrementado tanto que parecía imposible que pudiera albergar a mas personas. Por todos lados había mujeres tiradas en jergones. El salón, las celdas y los pasillos eran intransitables. El hacinamiento había llegado a un grado crítico y la dirección de la prisión, consciente de ello, hizo los preparativos necesarios para trasladar a las presas.

El 6 de abril de 1939 se dio la orden de conducir a todas las reclusas desde el pabellón de mujeres de la cárcel de Torrero hasta las dependencias de la vieja prisión de Predicadores, situada en el centro de la ciudad. Aquel día más de quinientas mujeres y cerca cincuenta niños  y niñas estaban confinados en un espacio de encierro que no reunía las condiciones de salubridad adecuadas para tal fin. Debido al gran contingente de presas y a la existencia de un solo coche celular la transferencia se hizo a pie y con fuertes medidas de seguridad. Es necesario recurrir a los testimonios orales para conocer algunos detalles sobre lo que ocurrió aquel día.

«En el mes de abril, con un sol que nos cegaba, después de tanta oscuridad, nos llevaron a la Cárcel de Predicadores y nos metieron en el patio, un patio muy grande pero que hacía una hondonada que el sol te quemaba[…]».

Testimonio de Manuela Moreno, «La roja de Maella» en Tomasa CUEVAS, Testimonios de mujeres…, p. 647.

Las presas permanecieron durante varias horas en el patio, hasta que la dirección de la Prisión Habilitada de Predicadores ordenó su clasificación y reclusión en los salones y celdas. El edificio, a pesar de haber sufrido ligeras modificaciones y reformas para aumentar su capacidad y salubridad, quedó rápidamente sobrepoblado. El hacinamiento se hacía evidente a la hora de ocupar los salones, en uno de los cuales llegaron a convivir hasta 120 mujeres. Y en los meses siguientes, la situación no mejoró.

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El apellido Logroño Larios quizá no sea el más conocido dentro del anarcosindicalismo de Zaragoza. Sus nombres apenas figuran en los libros de historia y apenas se conoce su historia. Sin embargo, esta familia sufrió la persecución y la violencia ejercida por los insurgentes desde el inicio de la Guerra Civil española.

La huelga revolucionaria de diciembre de 1933

Uno de los anarquistas más destacados fue José Logroño Larios, quien junto con su hermano Jesús fue uno de los hombres de acción de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Durante la II República fue detenido en varias ocasiones como consecuencia de sus acciones sindicales. No obstante, esta familia destacó sobre todo por su activa participación en la huelga revolucionaria de diciembre de 1933 (analizada en mi libro “Delitos políticos y orden social. Historia de la cárcel de Torrero, 1928-1939”).

Sabemos que el 14 de diciembre 1933 José fue detenido, llevado al juzgado y luego acusado de sedición y tenencia de armas. Posteriormente, fue conducido hasta las instalaciones de la Prisión Provincial de Zaragoza. Unos días antes, el 8 de diciembre, día en el que estalló la Huelga Revolucionaria promovida por el comité revolucionario de la CNT, con sede en Zaragoza, fue detenido Victoriano Logroño Larios. El joven de la familia, que contaba entonces con 17 años, fue acusado de agresión a la fuerza armada. Unos días más tarde, el 14 de diciembre fue detenida Isabel Logroño Larios en calidad presa bajo la autoridad del juzgado número 3, por un delito “contra la forma de gobierno y tenencia de armas”. Los días 19, 20 y 21 de diciembre se celebró un juicio sumarísimo que condenó a José y Victoriano a penas de entre 8 y 10 años de prisión por el delito de sedición, mientras que Isabel, finalmente, fue acusada de encubrimiento y por tenencia de armas. José fue trasladado a la Prisión Central de Ocaña para cumplir su condena. Victoriano, por su parte, fue conducido al viejo penal de Chinchilla. Por último, el 27 de abril de 1934, fruto de la ley de amnistía aprobada tres días antes, Isabel fue puesta en libertad.

La actividad de la familia Logroño Larios no se detuvo, mientras José y Victoriano permanecían recluidos, Jesús siguió colaborando con la CNT. Así lo demuestran los dos expedientes procesales que se han encontrado de 1935. En ambos casos su detención respondía a la aplicación de la Ley de orden público (1933) y, aunque no fue condenado en firme en ninguna de las ocasiones, en total pasó unos cuatro meses en prisión.

El verano del “terror caliente”

Llegado el 18 de julio de 1936 la familia Logroño Larios se convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas sublevadas. Apenas habían tres días desde que Miguel Cabanellas se sumase al golpe militar, cuando el 21 de julio Isabel, Jesús y Teodoro Logroño Larios fueron detenidos. Después de pasar varias semanas en prisión, de acuerdo a la documentación que existe en el fondo documental de la cárcel de Torrero, Isabel Logroño Larios fue puesta en libertad el 20 de agosto de 1936. El 21 de diciembre de ese mismo año fue fusilada en las tapias del cementerio. Teodoro fue puesto en libertad el 20 de agosto de ese mismo año, pero desconocemos qué fue de él. Jesús salió en libertad el 28 de agosto de 1936 y, al igual que su hermano Victoriano (no fue detenido ni encarcelado en Torrero), murió a lo largo del verano del 36. Marcelino Logroño Larios fue ejecutado el 22 de julio de 1936. Al no constar expediente penitenciario, todo hace pensar que fue víctima de la violencia insurgente de las primeras semanas de guerra. La madre, Concepción Larios, también fue ejecutada el 2 de diciembre de 1936 (sumarísimo por homicidio, sobreseído, igual que sus hijos).

Por su parte, José Logroño Larios fue el único miembro de la familia que, parece ser, pudo pasar a la zona republicana. Sea como fuere, luchó en la 25 división, llegando a ser Comandante de milicias del 133 Batallón Militar en 1938.

Sin duda, el caso de la familia Logroño Larios pone en evidencia el objetivo inicial de los sublevados: acabar con cualquier forma de resistencia inicial y sembrar el terror entre la sociedad, de tal forma que no pudiera haber margen para una actuación que contrarrestase el golpe de estado. Este sólo es un ejemplo más de la represión, física y económica, que se cernió sobre muchas familias en el territorio aragonés.

DATOS DE LA FAMILIA LOGROÑO LARIOS

MADRE:

Concepción Larios, 55 años.

HIJOS:

Isabel Logroño Larios, 23 años.

Marcelino Logroño Larios, 18 años.

Victoriano Logroño Larios, 20 años.

Jesús Logroño Larios, 25 años.

José Logroño Larios.

Teodoro Logroño Larios, 20 años en 1936, consta su ingreso en la cárcel de Torrero el 21 de julio de1936, sale en libertad el 20 de agosto de 1936. (identidad por confirmar)

Nota: Los datos aquí recogidos, fueron expuestos en una visita guiada por el Cementerio de Torrero para conocer “la memoria libertaria”. Este acto se celebró el pasado días 26 de enero dentro de las II Jornadas Libertarias de la CGT, acto al cual me invitaron y que aglutinó a más de 40 personas. Fruto de las indagaciones realizadas para preparar ese acto, surge este breve artículo.